Antonio M., de 42 años, acudió a nuestro despacho completamente desbordado. Tras varios años intentando sacar adelante un pequeño negocio familiar que no logró sobrevivir a la pandemia, acumuló deudas con proveedores, bancos y tarjetas de crédito. A pesar de sus esfuerzos por refinanciar y cumplir con sus obligaciones, la situación se volvió insostenible. Estaba atrapado en una espiral de intereses y amenazas constantes de embargo.

Desde el primer momento, nuestro equipo legal analizó su situación y le propusimos acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta legal diseñada precisamente para casos como el suyo: personas de buena fe que quieren salir adelante, pero que necesitan un nuevo comienzo sin el peso de las deudas.

Iniciamos el proceso judicial, demostrando que Antonio actuó siempre de forma responsable, sin ocultar bienes ni actuar con mala fe. Presentamos toda la documentación necesaria y gestionamos cada paso con transparencia y rapidez. Finalmente, el Juzgado dictó auto favorable de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), cancelando la totalidad de su deuda: 50.500 €.

Hoy, Antonio ha recuperado la tranquilidad. Vive sin deudas, ha encontrado un nuevo empleo y puede mirar al futuro con ilusión. Este caso demuestra que sí se puede empezar de nuevo, y que con el asesoramiento adecuado, la Ley de Segunda Oportunidad es una vía real y efectiva para recuperar la libertad financiera.